La película se basa en unos hechos reales ocurridos el 9 de Agosto de 1982. La acusada del crimen, Elvira Luz Cruz demandó el 14 de enero de 1986 por difamación, daños morales y calumnia al director, los guionistas, la productora y la distribuidora de la película y reclamó cien millones de pesos como indemnización. Tras varios años de juicio, un peritaje determinó más de cuarenta coincidencias entre los hechos de la película y los reales, pero sólo se culpó a la productora y la distribuidora. La sentencia dictaminó una indemnización del 15% de la recaudación total del filme, que fueron tres millones de pesos.